오라시오 로사티, 법적 안정성 강조하며 투자 예측 가능성 위해 대법원 역할 확대 촉구

En el Summit 2026 de AmCham Argentina, el presidente de la Corte Suprema advirtió que sin reglas claras y cumplimiento efectivo de los fallos no hay desarrollo sostenible. Defendió el acatamiento obligatorio de las decisiones del máximo tribunal como clave para atraer inversiones.

Frente a un auditorio mayoritariamete integrado por empresarios en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se metió de lleno en uno de los debates centrales en cada charla sobre clima de negocios: la seguridad jurídica como condición indispensable para el desarrollo económico y la atracción de inversiones.

Fue en el marco del Summit 2026 organizado por AmCham Argentina, que se está llevando a cabo este martes y que cerrará a las 18 el presidente Javier Milei. Desde ese escenario, Rosatti buscó correr el eje y plantear que los aspectos jurídicos no solo acompañan a la economía, sino que son tan determinantes como ella.

“La seguridad jurídica es un concepto que todos defienden, pero no todos entienden de la misma manera”, señaló. Y rápidamente marcó una definición: debe ser tanto para el inversor como para quien recibe la inversión. “Si no es para todos, no es seguridad”, insistió.

A lo largo de su exposición, el titular del máximo tribunal estructuró su argumento en dos grandes dimensiones. Por un lado, una normativa, vinculada a las reglas de juego: regulaciones, política impositiva, tipo de cambio o tarifas. Por otro, una institucional, donde ubicó el funcionamiento del sistema republicano, la división de poderes y, especialmente, la independencia del Poder Judicial.

En ese esquema, resaltó, la Corte Suprema ocupa un lugar central. No solo como intérprete final de la Constitución, sino también como árbitro de conflictos en un país con fuerte impronta federal. Rosatti subrayó que, a diferencia de la Corte de Estados Unidos, que resuelve entre 80 y 100 casos al año, la Corte argentina dicta alrededor de 15.000 fallos anuales.

El dato sirvió para evidenciar la sobrecarga estructural del tribunal y, al mismo tiempo, la magnitud de la demanda de resolución de conflictos en el país. “Hay un requerimiento muy superior y una necesidad de respuesta mucho más intensa”, explicó.

En ese contexto, planteó la necesidad de dotar al sistema judicial de herramientas que permitan mejorar la eficiencia y, sobre todo, la previsibilidad. Allí introdujo uno de los ejes más fuertes de su discurso: el acatamiento obligatorio de los fallos de la Corte.

Según explicó, no es lo mismo que el tribunal establezca un criterio interpretativo que luego deba ser seguido por instancias inferiores, a que tenga que intervenir una y otra vez en miles de causas similares. “El acatamiento obligatorio evita la reiteración innecesaria, aporta coherencia y genera previsibilidad”, sostuvo.

Rosatti fue más allá y remarcó que ese principio no solo no está prohibido por la Constitución, sino que además se encuentra respaldado por la propia doctrina del tribunal, que establece que sus decisiones deben ser seguidas salvo que existan nuevos argumentos o circunstancias.

El presidente de la Corte advirtió que una decisión empresarial puede depender de múltiples factores jurídicos, que van desde la interpretación de un tratado bilateral hasta una tasa municipal o una regulación ambiental provincial.

En ese entramado, la falta de criterios uniformes puede derivar en incertidumbre. Por el contrario, si las decisiones del máximo tribunal son efectivamente obligatorias, “todos saben a qué atenerse”, resumió.

El mensaje fue seguido con atención por un auditorio compuesto en su mayoría por empresarios, ejecutivos y referentes del mundo corporativo, en un momento en el que la Argentina busca recuperar confianza y atraer capitales.

Sobre el cierre, Rosatti amplió la mirada y retomó una idea más general sobre el desarrollo. Recordó que, desde hace décadas, organismos internacionales como Naciones Unidas comenzaron a medir el progreso de los países no solo por variables económicas, sino también por indicadores de salud y educación.

A esa lista, propuso sumar la calidad institucional, la certeza en las decisiones, la independencia judicial y el cumplimiento efectivo de los fallos. “Son factores fundamentales para construir un país previsible y confiable”, concluyó.